En el marco de la discusión del Presupuesto Quinquenal 2025–2030, el Gobierno nacional y el Congreso de Intendentes alcanzaron un acuerdo histórico sobre las transferencias a los gobiernos departamentales. No es un dato menor ni una cifra más en una rendición de cuentas: se trata de un paso decisivo hacia una política de Estado que mira al país desde el territorio, que reconoce el valor de la descentralización y que apuesta por el desarrollo con equidad.
El entendimiento, impulsado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y respaldado por los 19 departamentos del país, garantiza el mayor nivel de recursos de la historia destinado a las intendencias —unos 800 millones de dólares—. Pero más allá de los números, este acuerdo representa una convicción compartida: el progreso del Uruguay se construye desde cada municipio, desde cada comunidad, desde el interior profundo tanto como desde la capital.
Quisiera destacar cinco ejes que explican por qué este acuerdo es tan importante.
Primero, porque marca un récord histórico: más de 800 millones de dólares en transferencias que reflejan una apuesta seria por el desarrollo territorial y por un Estado presente en cada rincón del Uruguay. No hay desarrollo nacional posible sin desarrollo local, y esta decisión política lo reafirma con hechos.
Segundo, porque se crean nuevos instrumentos de inversión estratégica, como el Fondo de Inversiones Estratégicas, con 80 millones de dólares que se ejecutarán entre 2027 y 2029: 45 millones destinados al área metropolitana y 35 millones para el resto del país. En términos concretos, esto significa más obras, más infraestructura y más oportunidades en el interior productivo, donde la inversión pública muchas veces define si un pueblo crece o se estanca.
Tercero, porque el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) también se fortalece. Su incremento de 40 millones de dólares en el quinquenio permitirá que las intendencias pasen a administrar el 45% de los recursos, fortaleciendo su autonomía y capacidad de gestión. Cada peso invertido en el territorio tiene un retorno directo en empleo, dinamismo económico y calidad de vida.
Cuarto, porque este acuerdo es una muestra de madurez institucional y diálogo político. En un tiempo donde las diferencias suelen dominar la escena, que el Gobierno nacional y los 19 departamentos —de todos los partidos— hayamos alcanzado un consenso demuestra que cuando se prioriza al país por encima de las banderas, los acuerdos llegan.
Y quinto, porque desde el Parlamento vamos a acompañar con responsabilidad este compromiso, conscientes de que estos recursos son mucho más que cifras presupuestales: son caminos, viviendas, saneamiento, alumbrado, empleo. Cuando los recursos llegan a los municipios, las obras se concretan, el empleo se mueve y la gente siente que el Estado está donde tiene que estar.
Este acuerdo no solo es un avance administrativo; es una señal política de madurez y de esperanza. Porque un Estado que invierte en sus territorios es un Estado que cree en su gente. Y cuando el país se mira desde el territorio, el futuro se construye con los pies en la tierra y con la mirada puesta en la gente.
